El partido político más popular de Tailandia se ganó el apoyo de sus seguidores y la ira del establishment conservador el año pasado al hacer campaña para poner fin al gobierno militar y debilitar la ley draconiana que prohíbe las críticas a la monarquía del país.
Pero el miércoles el partido Move Forward y su impulso por el cambio sufrieron un duro golpe. El Tribunal Constitucional de Tailandia dictaminó que la propuesta del partido de reducir la ley de difamación real violaba la Constitución porque era un intento de derrocar a la monarquía. Ordenó a Move Forward que detuviera todas las actividades relacionadas con el cambio de la ley.
De hecho, el veredicto establece explícitamente que la ley de difamación real es sacrosanta para el establishment conservador de Tailandia, un nexo de realistas, oficiales militares y elites ricas. Sus motivos ya estaban claros el año pasado, cuando actuaron rápidamente para evitar que el líder de Move Forward, Pita Limjaroenrat, se convirtiera en primer ministro, empujando al partido a la oposición a pesar de que había ganado las elecciones generales e instalando una coalición de aliados en el poder.
El fallo del miércoles deja a Move Forward vulnerable a nuevos desafíos legales, lo que podría allanar el camino para su eventual disolución. También podría sentar las bases para un choque entre la oposición progresista de Tailandia y el establishment. Move Forward y sus partidarios argumentan que la ley real sobre difamación –conocida como Artículo 112– debe cambiarse porque se está utilizando como arma política, mientras que el establishment dice que cualquier cambio en la ley podría conducir a la abolición total de la monarquía.
Estas líneas de falla surgieron en 2020, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles después de que el Tribunal Constitucional disolviera el Partido Futuro Adelante, el predecesor de Move Forward. Los manifestantes pidieron controles al poder del rey, rompiendo un tabú social en un país donde el monarca siempre ha sido venerado.
El tribunal ha decidido que la promesa de cambiar la ley hecha por Pita y Move Forward durante la campaña electoral del año pasado era una medida diseñada para derrocar el sistema político tailandés «con el rey como jefe de Estado».
«El ejercicio de la libertad no debe entrar en conflicto con la paz, el orden y las buenas costumbres del pueblo y no debe violar los derechos de otras personas», afirmó uno de los jueces del tribunal de nueve miembros al leer el veredicto.
Pita dijo a los periodistas el miércoles que cambiar la ley no era un intento de «causar el deterioro de la monarquía», añadiendo que la sociedad tailandesa había perdido la oportunidad «de utilizar el Parlamento para discutirlo con madurez».
Y añadió: “No se trata sólo de mí personalmente. No se trata sólo de nuestro partido, se trata del futuro. Se trata de la salud de la democracia de Tailandia y del panorama político futuro».
Los partidarios del partido dicen que está siendo atacado injustamente.
“Creo que lo que Move Forward pide no es abolir la monarquía, sino protegerla y poner la institución por encima de la política”, dijo Chayanut Panmak, de 62 años, frente al tribunal antes de que se hiciera público el veredicto. “De momento cualquiera puede utilizar el 112 para denunciar a cualquier persona. Esto está derribando la monarquía».
Move Forward fue el primer partido político que hizo del cambio a la ley de lesa majestad un importante impulso electoral. La ley que penaliza las críticas a la monarquía es una de las más duras del mundo y conlleva una pena mínima de tres años por violaciones -la única ley en Tailandia que impone una pena mínima de prisión- y una máxima de 15 años por un caso.
Pita y Move Forward se han comprometido a reducir las penas de prisión para los infractores de la ley y a designar a la Oficina de la Casa Real como la única agencia autorizada para presentar cargos. (Cualquier ciudadano tailandés puede presentar quejas según la versión actual de la ley).
Después de que Move Forward ganara las elecciones en mayo pasado, el Senado designado por los militares, que nombra al primer ministro, bloqueó a Pita en una votación inicial. Horas antes de la siguiente votación, el Tribunal Constitucional lo suspendió del Parlamento, a la espera de que se revisara un caso en el que se le acusaba de violar la ley electoral porque poseía acciones de una extinta empresa de medios.
Pita fue reinstalado como diputado la semana pasada después de que el Tribunal Constitucional falló a su favor.
Tras las protestas de 2020, las autoridades acusaron al menos a 262 personas de violar la ley, según Thai Lawyers for Human Rights, un organismo de control legal. A principios de este mes, un tailandés fue sentenciado a 50 años de prisión por compartir contenido considerado ofensivo para la monarquía, la sentencia más dura impuesta por la ley hasta el momento.
Ryn Jirenuwat contribuyó al reportaje.